El Estado es mío, mío?
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Hace casi veinte años, Carlos Menem desató un escándalo memorable cuando se negaba -gritando con desesperación “es mía, mía”- a deshacerse de una Ferrari Testarossa que le había regalado un empresario por su condición de presidente de la República, razón por la que pertenecía al Estado nacional. Huelga decir que Menem dista de ser el único político al que le ha costado distinguir entre lo propio y lo público. Desde que iniciaron su carrera conjunta en Río Gallegos, Néstor Kirchner y su esposa se han habituado a usar los bienes del Estado no sólo para sus actividades partidarias, lo que es ilegal, sino también para fines netamente personales. Así las cosas, no ha ocasionado sorpresa alguna la denuncia -otra más- formulada por el abogado Ricardo Monner Sans que se vio motivada por el empleo por Néstor Kirchner de un helicóptero de Gendarmería para sus viajes proselitistas por el conurbano bonaerense. Parecería que a juicio de buena parte del país es perfectamente natural que el presidente del PJ haya hecho de la quinta presidencial de Olivos una Unidad Básica y que le haya sido dado usufructuar los bienes públicos, trátese de edificios, aviones o coches blindados, además de tener a su disposición los medios de difusión estatales. En una democracia madura, los jefes de Estado se ven obligados a diferenciar rigurosamente entre la función así supuesta y su rol como líderes partidarios, pero aquí no tienen de qué preocuparse, ya que el grueso de sus simpatizantes comparte sus principios patrimonialistas mientras que sus adversarios se han resignado a lo que suponen es una realidad inmodificable. Ya se ha iniciado la campaña legislativa en que el ex presidente Kirchner espera desempeñar un papel decisivo, de suerte que convendría que los interesados en que se respeten ciertas reglas democráticas fundamentales tomaran muy en serio el aprovechamiento por parte del matrimonio gobernante de la voluntad ajena de permitirle continuar haciendo uso de los bienes públicos para fines personales y partidarios. Antes de las elecciones presidenciales del 2007, la candidata oficialista, Cristina Fernández, no tuvo empacho en poner el Estado al servicio de su campaña, lo que le brindó una ventaja enorme sobre sus rivales. En vista de que los Kirchner claramente creen que el domingo final de junio -o de octubre, si para asombro de casi todos el Senado opta por rebelarse nuevamente- estará en juego la supervivencia de su gobierno, puede preverse que traten de cometer todavía más abusos en tal sentido de lo que fue el caso dos años atrás cuando conforme a las encuestas Cristina derrotaría a sus contrincantes por un margen muy amplio. Cuando es cuestión de un presidente, a menudo es difícil separar sus funciones oficiales de las partidarias o meramente personales, pero puesto que Néstor Kirchner no cumple ningún papel formal en el gobierno nacional -a menos que uno reconozca como tal el de “primer caballero”- impedirle echar mano a los recursos del Estado no debería plantear ningún problema jurídico. Mal que le pese, en buena lógica no tiene derecho alguno a disfrutar de los beneficios que le supone disponer de lo aportado por los contribuyentes, incluyendo, desde luego, a la mayoría que quisiera ver reducido su poder para que coincidiera con el previsto por la Constitución. A partir de diciembre del 2007, es sólo un líder partidario más y por lo tanto debería limitarse al uso de los recursos suministrados por sus correligionarios y por los dispuestos a aportar dinero para las campañas electorales provinciales en las que se siente obligado a participar. En cuanto a la contribución estatal a las arcas del Frente para la Victoria, sólo le correspondería lo que según la legislación vigente podría merecer por ser el líder de una facción partidaria importante. ¿Logrará la oposición, con la ayuda de la Justicia, en esta ocasión hacer valer la ley? Es posible pero, por desgracia, no demasiado probable, ya que desde hace muchos años la cultura política de nuestro país es tan netamente patrimonialista que suelen ser considerados excéntricos irremediables aquellos que insisten en la importancia de que todos, por poderosos que fueran, se vean constreñidos a acatar las reglas. |
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Cristina de Chávez
por Claudio Paolillo
Argentina se parece cada vez más a Venezuela. Sus gobiernos autodenominados “progresistas” son hermanos de sangre y de negocios. La oposición está dispersa y sin líderes claros. La corrupción campea. Y el autoritarismo avanza sin frenos a la vista. No llama la atención, por tanto, que en su visita de la semana pasada a Brasil, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya pedido la rápida incorporación de su amigo y benefactor Hugo Chávez al Mercosur, bajo el argumento de que con Venezuela adentro, ese grupo subregional cerrará su “ecuación energética”. ¿Qué les importan al matrimonio presidencial argentino la “cláusula democrática” del Mercosur, las violaciones a los derechos humanos en la llamada “República Bolivariana” del Caribe o la eternización en el poder de una sola persona? ¿No están acaso ellos intentando lo mismo en Argentina? El último ejemplo de la vocación totalitaria de los Kirchner es el proyecto de ley de radiodifusión remitido al Congreso argentino esta semana por el Poder Ejecutivo. Si esa iniciativa acaba siendo aprobada, entonces los permisarios de las ondas de radio y televisión quedarán sometidos a la voluntad del gobierno, porque éste podrá revocar las licencias cada dos años. En un país en serio, donde los criterios en la materia fueran imparciales, técnicos y no políticos, esto no despertaría tanta suspicacia. Pero ya se sabe cómo operan los Kirchner con la prensa. Sabemos cómo odian, atacan y hacen echar a los que no les agachan la cabeza. Pregúntenle, si no, al periodista Nelson Castro, recientemente despedido por orden del gobierno del programa radial que con éxito dirigía. Durante su última asamblea, realizada a mediados de marzo en Paraguay, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que en Argentina “la libertad de prensa sigue transitando un sendero sinuoso, padeciendo toda clase de agravios y descalificaciones que dificultan el ejercicio del periodismo”. La descoordinada oposición política argentina está en estado de alerta a raíz de los alineamientos de medios con el gobierno por cambios de manos en la propiedad y el reguero de publicidad estatal que se les dispensa a los “servidores”. Los dirigentes opositores Elisa Carrió y Gerardo Morales, por ejemplo, han llamado la atención sobre que “la compra de medios de comunicación por parte de grupos empresarios vinculados al poder” tiene el objetivo “de controlar las emisoras e instaurar la censura en el país”. Carrió, que orienta la Coalición Cívica, no dudó en afirmar que el régimen kirchnerista aplica técnicas de chantaje al pretender revisar cada dos años las licencias de radios y emisoras de televisión. “El proyecto de ley de radiodifusión es una amenaza. Al que no juegue a favor del gobierno le sacan la licencia. Es una ley extorsiva” que va a poner “de rodillas no sólo a las empresas sino a los periodistas”, opinó. A su vez, Morales, presidente de la histórica Unión Cívica Radical (UCR), alertó que lo que el gobierno argentino quiere es “convertir al país en la Venezuela de Chávez”. O (¿por qué no?) en la Bolivia de Morales, en la Nicaragua de Ortega o en el Ecuador de Correa. Si el matrimonio fuera, como a veces se dice, un acuerdo de conveniencia más que un acto de amor, entonces la señora Cristina Fernández tendría varios pretendientes en el barrio. Hasta el anciano Fidel Castro debe estar relamiéndose para entrar en la nómina, después de su reciente encuentro en La Habana con la parte femenina de la actual pareja del poder argentino. Claudio Paolillo es Director del semanario uruguayo “Búsqueda” y miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa.
