Vidabonaerense

Un estudio detallado reveló la gravedad del estado de los servicios públicos.

El defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, elaboró un informe lapidario sobre el estado de los
servicios públicos, resultante de la renegociación de contratos impulsada por el
matrimonio Kirchner. El funcionario denunció que el Gobierno entrega millonarios subsidios sin
control, que los acuerdos obligaron a varias provincias a pagar la luz un 50% más cara que en
Buenos Aires, y que la inmensa mayoría de las compañías mantuvo su reclamo ante los tribunales
arbitrales internacionales. Mondino acusó al oficialismo de permitir ganancias con negocios
no regulados y a las empresas de ser “cómplices” de renegociaciones ilegales para incrementar sus beneficios.

Mondino precisó que a pesar de que la Ley de Emergencia Económica preveía la renegociación
integral de los contratos, el Gobierno sólo suscribió actas acuerdo provisorias sin estudios
de costos, que beneficiaron a las empresas. Y al revés de lo que anunció el oficialismo
oportunamente, apenas dos de las 52 empresas desistieron de sus reclamos en el CIADI. “El
usuario es un rehén, y los empresarios, cómplices”, disparó Mondino. La Defensoría
relevó los resultados de los procesos de renegociación servicio por servicio:

Trenes: servicio deficiente, estado deplorable de la infraestructura, como vías, estaciones,
“lo cual torna al servicio altamente riesgoso”. Se registran demoras y cancelaciones
sistemáticas. En lo que va del año, se entregaron 1.570 millones para mantener las
tarifas pero sin contar con estudio de costos ni contraprestaciones de las empresas.

Gas por redes: falta de inversiones en
producción y distribución. El sistema se expande
a una tasa de apenas 3% anual. Entre 2002 y 2007
se incorporaron sólo 800 mil nuevos usuarios. A
este ritmo, “recién en 30 años tendrán gas por
red los cuatro millones de usuarios que hoy tienen que comprar garrafas”.

Telecomunicaciones: la Defensoría identificó una
clara estrategia de las empresas de hacer
negocios con los segmentos no regulados, banda
ancha y celulares, en detrimento de la telefonía
fija. Las líneas domiciliarias registran demoras de hasta un año para reparaciones o instalaciones nuevas.

Colectivos: las 129 líneas de colectivos
realizan una prestación deficiente y reciben
subsidios sin control. Los desembolsos oficiales
para mantener el precio del boleto en lo que va
del año alcanzaron a 1.400 millones. La entrega
de subsidios no es transparente, no tiene
controles ni participación de los usuarios.

Electricidad: los incrementos tarifarios
aprobados para las transportistas hicieron que
los hogares del interior tengan tarifas desde
50% más caras que las familias de Buenos Aires.
Distribuidoras y transportistas limitaron sus
inversiones a la ampliación y reposición de los
sistemas, decisión que afectó la calidad del
servicio. Tampoco cuentan con un estudio de
costos ni revisión tarifaria integral, pero el
sistema recibió 7.473 millones en lo que va del
año para compensar a las empresas por las
tarifas. En el mismo período de 2007, mucho más frío, percibió 6.212 millones.

Aguas: subsisten los problemas de falta de
presión y deficiencias de cobertura de la red de
agua y cloacas que justificaron la
reestatización del servicio. Las obras anunciadas son recién para 2015

Accesos a Buenos Aires: Ausol, Grupo del Oeste o
Conviares obtuvieron subas de tarifas con las
que los usuarios adelantan a las empresas el
pago de las inversiones de ampliación. “Este
modelo demostró que caducó, debe ser al revés:
primero invertir y después cobrar”, dijo Mondino.

Un caso para que debata el Congreso

La Defensoría giró el informe al Congreso para
que los legisladores exijan al Ejecutivo que
remita los contratos de renegociación y para
discutirlos en el recinto. Mondino aseguró que
la estrategia oficial en la materia es de “no renegociación”.

Además de los sectores mencionados, el estudio
relevó también los servicios de:

Correo: no se observó mejoría alguna en la
distribución de la carta simple. De las 400
estafetas que cerró la administración de Franco
Macri, y justificaron la estatización, la gestión estatal no reabrió ninguna.

Corredores viales: Caminos del Valle y Caminos
del Río Uruguay incumplieron todas las
obligaciones previstas en los contratos y aun
así se renegoció. La Defensoría denunció
penalmente a los concesionarios de la Ruta 9 por
las muertes causadas por los accidentes.

Terminales portuarias: la renegociación les
otorgó la dolarización de las tarifas, lo que
recompuso las ganancias de las operadoras en 220
por ciento. El puerto de Buenos Aires perdió
competitividad frente al de Montevideo.